La Ley General de Discapacidad, una ley que necesita compromiso

La Ley General de Discapacidad surge de su antecesora, la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), que es el principal texto legislativo de referencia en la intervención y atención a la discapacidad. Promulgada en 1982, la Ley obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de la plantilla.

Sin embargo, casi 30 años después, se calcula que cumplen la Ley entre un 15% y un 20% de las empresas obligadas a hacerlo y, de éstas, una mayoría lo hacen a través de medidas alternativas, como donaciones o contrataciones a Centros Especiales de Empleo que favorezcan la inserción laboral y la creación de empleo para personas con discapacidad.

La Ley General de Discapacidad es, sin duda, un reactivo social que ayuda a normalizar la vida laboral de las personas con diversidad funcional. La sociedad entiende que estas leyes son necesarias, justas e integradoras, pero su puesta en marcha encuentra muchos obstáculos. El primero es el desconocimiento. Muchas empresas de más de 50 empleados, desconoce esta Ley.

En el caso de las empresas que conocen la Ley y quieren cumplirla, su principal obstáculo es la dificultad en encontrar los perfiles idóneos, en adaptar los puestos a las características de cada diversidad y en establecer procedimientos de selección flexibles y abiertos a la inclusión de la diversidad funcional.

Para dar la vuelta a esta situación se necesita asesoramiento profesional. Para las empresas es difícil encontrar un trabajador con una discapacidad que cumpla el perfil adecuado. Ese es el trabajo de Zauma, orientar a las empresas para adecuar el puesto de trabajo, para encontrar soluciones a las barreras y ayudas económicas para superarlas, para hallar ese profesional que da el perfil buscado y para preparar el entorno dentro de la empresa para una integración rápida y efectiva.

Apoyar las iniciativas que favorezcan la divulgación de la Ley, tanto en el marco empresarial como en la sociedad, tienen que ser tareas prioritarias en las administraciones implicadas. Facilitar el cumplimiento de la LGD pasa por demostrar a las empresas la riqueza que también genera la diversidad.