El organismo de Centro Especial de Empleo como lo conocemos ahora se creó en el año 82 con la LISMI.

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, los define como aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión laboral de este colectivo.

Características:

  • Son creados por las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios.
  • Pueden tener carácter público o privado.
  • Pueden tener con o sin ánimo de lucro.
  • La calificación e inscripción en el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o, en su caso, en el correspondiente de las Administraciones Autonómicas; la gestión está sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.

¿Quiénes lo forman?

La composición de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, se establece en función de los módulos determinados en el artículo 6 del R.D. 469/2006, de 21 de abril.

Servicios

Además, los centros especiales de empleo deben prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

CEE en cifras

Teniendo en cuenta los valores del pasado año 2018, el 71% de personas con discapacidad (82.981 personas con discapacidad) fueron contratadas a través de Centros Especiales de Empleos mientras que solo el 29% (33.892 personas con discapacidad) en la empresa ordinaria.

Estas 116.873 personas con discapacidad contratadas representan un 17,9% en relación con el total de la población activa con discapacidad.

Respecto a 2017, en 2018 se incrementaron en un 6,2% los contratos realizado a personas con discapacidad, marcando una clara tendencia positiva iniciada en 2013.  Sin embargo, parece consolidarse la temporalidad en el empleo pues estos contratos representan más del 80%.

Desde el punto de vista territorial, Andalucía, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de las contrataciones realizadas el 47,2%. Sin embargo, si se analiza la tasa de contratos por cada 100 personas con discapacidad activas, se observa que resultan particularmente elevadas la proporción en Murcia, La Rioja y Canarias. En el caso de los CEE la mayor parte de las contrataciones se realizaron en Andalucía, Madrid, Cataluña y el País Vasco.

 

Regulación