Tramitación, asesoramiento y gestión.

Obtención del Certificado de Excepcionalidad

Las empresas con 50 empleados o más están obligadas a tener en su plantilla, como mínimo, un 2% de trabajadores con discapacidad, salvo excepciones (en cuyo caso habrá que solicitar el certificado de excepcionalidad y aplicación de medidas alternativas)

En ocasiones, para las empresas es complicado la contratación directa de personas con Discapacidad. Aunque para nosotros debe ser la opción prioritaria, la ley nos permite, cumplir con la Lismi a través de las medidas alternativas, pero para ello, debemos antes de obtener la habilitación que se realiza a través, de la obtención del Certificado de Excepcionalidad.

El Certificado de Excepcionalidad se concede:

  • Cuando las empresas acreditan la existencia de razones organizativas, productivas, técnicas o económicas que dificultan seriamente la incorporación de personas con discapacidad a sus plantillas
  • Cuando los Servicios Públicos de Empleo no pueden atender las ofertas de empleo para trabajadores con discapacidad presentadas por la empresa o bien sean estos los que renuncien a esta oferta.

Zauma estudia, asesora y realiza todos los procesos de tramitación

para que las Administraciones Públicas emitan el Certificado Acreditativo de Excepcionalidad.



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER O RENOVAR EL CERTIFICADO DE EXCEPCIONALIDAD

A) Si la excepcionalidad deriva de la inexistencia de trabajadores discapacitados idóneos, o de la renuncia de estos a la oferta de empleo presentada por la empresa, el procedimiento a seguir es el siguiente:

  1. La empresa presentará ante cualquier Oficina de Empleo del Servicio Regional de Empleo una oferta de empleo con mención expresa del número de puesto de trabajo a cubrir con trabajadores discapacitados y las ocupaciones requeridas con los requisitos adecuados.
  2. Ante la imposibilidad de atender por parte del Servicio Regional de Empleo la oferta de empleo presentada por la empresa, la Oficina de Empleo emitirá certificación acreditativa de dicha circunstancia, conforme al Anexo I que se adjunta (Área de descargas ).
  3. La empresa solicitará al Director General del Servicio Regional de Empleo, mediante el impreso que se adjunta como Anexo II (Área de descargas), la declaración de excepcionalidad, y mediante el impreso que se adjunta como Anexo III (Área de descargas), la aplicación de la medida alternativa por la que opte. A dichas solicitudes se acompañará copia de la certificación emitida por la Oficina de Empleo (Anexo I del Área de descargas) en la que se reconoce la imposibilidad de atender la oferta de empleo presentada.
  4. El Director General del Servicio Regional de Empleo resolverá en el plazo de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud, y declarará, en su caso, la inexistencia total o parcial de demandantes de empleo, con mención expresa de las ocupaciones solicitadas. Esta resolución administrativa resolverá sobre la declaración de excepcionalidad y, en su caso, sobre la aplicación de las medidas alternativas propuestas por la empresa solicitante.
  5. Transcurrido el plazo de los dos meses sin que el Servicio Regional de Empleo emita resolución administrativa expresa, se entenderá que concurre la causa de excepcionalidad y que, a su vez, se justifica la adopción de las medidas sustitutivas propuestas en la solicitud de la empresa solicitante.
  6. Cuando la oferta se hubiera presentado ante una agencia de colocación, y el resultado, tras realizar el sondeo con demandantes de empleo con discapacidad, fuera negativo, ésta remitirá, en el plazo de quince días, un informe indicando dicha circunstancia al Servicio Regional de Empleo, el cual, previas las actuaciones que se estimen pertinentes, resolverá al respecto.
  7. La declaración de excepcionalidad a que se hace referencia en este artículo tendrá una validez de tres años desde la notificación de la correspondiente resolución administrativa. Transcurrido el plazo de validez de la declaración de excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva declaración, en el caso de persistir la obligación principal.

La declaración de excepcionalidad a que se hace referencia en este artículo tendrá una validez de tres años desde la notificación de la correspondiente resolución administrativa. Transcurrido el plazo de validez de la declaración de excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva declaración, en el caso de persistir la obligación principal.

B) Si la excepcionalidad surge por la existencia de razones organizativas, productivas técnicas o económicas en la empresa, que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa, el procedimiento es el siguiente:

  1. La empresa deberá solicitar la declaración de excepcionalidad (Anexo II del área de descargas) al Director General del Servicio de Regional de Empleo, acreditando fehacientemente las cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motivan la especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa e incluyendo de forma conjunta, las medidas alternativas por las que opta de entre las citadas en el artículo 2 (Anexo III del área de descargas )
  2. El Director General del Servicio Regional de Empleo dictará resolución en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo realizar de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse dicha Resolución. Para ello, y a fin de constatar las dificultades de contratación alegadas por la empresa, y con carácter previo a la resolución, el Servicio Regional de Empleo podrá exigir la aportación de certificaciones o informes de entidades públicas o privadas de reconocida capacidad, distintas de la empresa solicitante. Asimismo solicitará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la concurrencia de las circunstancias alegadas por la empresa.
  3. La resolución administrativa resolverá sobre la excepcionalidad solicitada, así como la aplicación de las medidas alternativas propuestas por la empresa solicitante. Transcurrido el plazo de dos meses para resolver sin que recaiga resolución administrativa expresa, se entenderá que ésta es positiva.

La declaración de excepcionalidad a que se hace referencia en este artículo tendrá una validez de tres años desde la notificación de la correspondiente resolución administrativa del expediente. Transcurrido el plazo de validez de la declaración de excepcionalidad, las empresas deberán solicitar una nueva declaración, en el caso de persistir la obligación principal y las circunstancias que dieron lugar a la resolución inicial.


El contenido de la información recogida en este documento tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que se recomienda consultar las publicaciones oficiales (v. Decreto 21/2002, de 24 de enero – art. 14).